Busca diputada que se regule el pago de honorarios profesionales de abogados
Chihuahua.- La diputada María Ávila Serna, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso Estatal, presentó este día la propuesta para crear la Ley que Regula el Pago de Honorarios Profesionales de Abogados en el Estado de Chihuahua.
Es importante mencionar que la presente propuesta nace de la petición expresa de la Mesa Directiva de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, como un esfuerzo del Grupo Parlamentario del Verde de atender las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil.
“No obstante, estamos conscientes que posteriormente el proyecto durante el proceso de discusión tendrá que consensarse con las diferentes personas y sectores involucrados”, agregó la legisladora.
Por otro lado, el arancel de abogados vigente de la entidad fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Agosto de 1978, fecha desde la cual no ha sido actualizado, esto quiere decir que han pasado treinta y cinco años durante los cuales han permanecido estáticos los montos de las contraprestaciones a las que tienen derecho quienes desempeñan dicha profesión.
Por tal motivo, señaló Ávila Serna, con la iniciativa de Ley, se busca garantizar una justa retribución al trabajo realizado por el profesional del derecho, que sea adecuada, suficiente y proporcional, que brinde un incentivo eficaz al rendimiento y dedicación, y fortalezca de esta manera la relación con el cliente, el cual pueda encontrar en su abogado la confianza requerida para depositar su problemática en las manos de un profesional.
Además, dijo “en el reglamento vigente se determinan los honorarios en cantidades fijas, en el proyecto que hoy presentamos se establece un esquema mixto que en determinados casos establece los montos en salarios mínimos vigentes y en otros lo señala como un porcentaje de la cuantía del asunto”.
Por último, la diputada comentó que el objeto de una Ley que regule el pago de los honorarios profesionales de abogados, es el de dignificar una profesión que se ha visto empañada debido a malentendidos en el cobro de dichos servicios, esto mediante una regulación clara que fortalezca la certeza jurídica y permita una sana relación entre el abogado y su cliente.
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