‘Como suplentes destacan Elvira Gonzalez por el IV Distrito y Javier López Arzate por el V Distrito
la Comisión Política Permanente del PRI definió esta tarde el listado de candidatos propietario y suplente a diputado local, bajo el principio de representación proporcional.
Así, las fórmulas quedaron de la siguiente manera una vez aprobada por los miembros de la Comisión:
La sesión estuvo encabezada por el delegado del CEN del PR, Sofío Ramírez Hernández, quien hizo un llamado a la militancia del Partido para que en unidad, se logre el triunfo el próximo primero de julio.
Por su parte, el presidente del PRI estatal, Omar Bazán Flores, dijo que el delegado viene a sumarse a un instituto político que trabajó en su reestructuración y que en el presente proceso electoral, presentará a los chihuahuenses una sólida plataforma política con las y los mejores candidatos, “perfiles honestos y con vocación de servicio”.
Por otra parte, la Comisión Política Permanente del PRI aprobó en lo general los convenios de coalición o candidaturas comunes con otras fuerzas políticas para el proceso electoral.
En otro punto de la orden del día, el PRI fijó su postura sobre el diferendo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, en voz del licenciado José López Villegas.
Se destacó que la primera, más completa, sólida y documentada iniciativa de reformas y adiciones a la constitución política de México que contiene el diagnóstico, experiencias del derecho internacional comparado y propuestas novedosas y que sirvió de guía para la formación del andamiaje legislativo y administrativo del Sistema Nacional Anticorrupción, fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República el 15 de noviembre del 2012, acompañado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Para establecer las condiciones de un reparto más equitativo de los recursos públicos entre federación, estados y municipios, en el primer período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en el año 2013, recién iniciado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se aprobó una Reforma a la ley de Coordinación Fiscal que significó en la práctica en resultados favorables que precisaremos más adelante.
En materia de anticorrupción, el Gobierno de la República, cumpliendo rigurosamente con los postulados constitucionales en materia penal, y atendiendo principios y directrices de la doctrina jurídica en el tema, desde luego, y con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas involucradas, se ha perseguido hechos delictivos ejerciendo las acciones legales pertinentes, gestionando solicitudes de extradición y aportando ante las instancias juzgadoras los elementos probatorios que lleven a la sanción de las conductas apartadas de la legalidad.
El sistema penal en un Estado democrático de derecho, en un estado constitucional, no puede estar sujeto a voluntarismos unipersonales propios de sistemas autoritarios, sino que tiene que ceñirse a un escrupuloso respeto al debido proceso, pues se busca la impartición de justicia, no el aplauso fácil propio de espectáculos circenses.
En lo relativo al Federalismo Fiscal, académicos de prestigiadas instituciones educativas y de investigación, han estudiado el comportamiento de la distribución de los recursos públicos financieros entre los tres órdenes de gobierno y concluyen, con datos duros, que las entidades federativas y los municipios han recibido de manera constante en los ejercicios fiscales de 2013 a 2017 más recursos que en términos reales reflejan porcentajes que van del 5.1 al 11.8 %.
Los recursos Fiscales correspondientes a participaciones y aportaciones federales se reparten con base en criterios establecidos en la ley, tarea que se realiza de manera profesional, objetiva y transparente por servidores públicos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
La discrecionalidad en la asignación de recursos correspondientes a estos ramos no existe, no es posible.
Afirmar que esta conducta se realiza, es una irresponsabilidad, lleva a engaño y es maniquea.
La conducta redistributiva narrada no se replica a nivel estatal, pues la hacienda pública estatal se caracteriza por una inequitativa e injusta distribución de los recursos a los 67 municipios del estado.
Nosotros solemos predicar con el ejemplo, no con verdades alternativas.
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