El Estado se hará cargo de los gastos de arrastre y depósito de vehículos robados y recuperados

Chihuahua.-  Luego del análisis de la Comisión de Justicia, durante el periodo extraordinario de sesiones celebrado el viernes 16, se aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, para que los gastos de maniobra, arrastre, salvamento y depósito de vehículos robados y recuperados corran a cargo del Estado y no de las víctimas.

“Tras un exhaustivo análisis de la propuesta en cuestión, que en esencia encontramos plenamente justificada, creemos que la fórmula para poder dar solución al problema en ella planteado radica fundamentalmente en una cooperación de responsabilidades en las que se recalque la no afectación patrimonial del sujeto pasivo del delito ni tampoco implique un gasto excesivo a la administración pública”, se plantea en el dictamen presentado por la Comisión de Justicia.

El diputado Héctor Ortiz Orpinel, indico que el GPPAN consciente de esta problemática, propuso la iniciativa a efecto de que la víctima del robo de vehículo no sea revictimizada al erogar de sus propios recursos todos los gastos relacionados con el depósito arrastre y salvamento del vehículo cuando este haya sido robado y posteriormente recuperado por la autoridad correspondiente.

“El robo de vehículo es un delito de alta incidencia que sigue lastimando profundamente a la sociedad por el golpe patrimonial que representa para una familia, aunado a que en muchas ocasiones lo priven de su único medio de transporte para la realización de un sinfín de actividades”, dijo Ortiz Orpinel.

Por su parte, la comisión dictaminadora consideró de suma importancia que la autoridad pertinente se responsabilice de informar de manera inmediata al afectado la recuperación de su vehículo, su ubicación y el plazo con el que cuenta para recuperarlo, con un plazo aceptable para la recuperación del vehículo depositado además de los gastos de arrastre y salvamento, servicios que serán gratuitos durante este periodo, y con la obligación del interesado de pagar el tiempo que exceda del plazo fijado por la ley.