Chihuahua.- Con la aprobación de las nuevas disposiciones en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, “se reúnen los elementos constitucionales que permitirán garantizar que la contratación y destino de los recursos contratados a través de deuda se realice con eficiencia, eficacia y transparencia”, expresó la senadora por Chihuahua Lilia Merodio Reza.
Destacó que ahora se incorpora el principio de “estabilidad de las finanzas públicas” a nuestra carta magna.
La legisladora inscribió su participación en el diario de los debates, y en ella enfatizó que se trata de una reforma que beneficiará a cada estado y municipio del país, pero sobre todo, beneficia a las familias mexicanas. El dictamen fue remitido a los Congresos de los estados.
“Con esta aprobación se ponderan los principios que tanto exige la ciudadanía, y que desde el Senado de la República se da respuesta. Transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, crecimiento económico, empleo y justicia social”, expuso la senadora chihuahuense.
Merodio Reza agregó que la minuta aprobada se basa en cuatro grandes principios de finanzas públicas: las facultades del Congreso General para legislar y aprobar empréstitos; las atribuciones de las entidades de fiscalización superior y el principio de la rendición de cuentas; y el restablecimiento de nuevas y precisas disposiciones para los procesos de contratación de deuda pública por los estados y los municipios del país.
“De aquí en adelante contaremos con los elementos jurídicos para un mejor ejercicio, control y evaluación del gasto público federal y local”, comentó la también secretaría de la Mesa Directiva.
Enfatizó que en los últimos años, la deuda contratada por las entidades federativas y municipios de nuestro país ha crecido sin control alguno, poniendo en riesgo no sólo las finanzas de los gobiernos locales sino la estabilidad económica de nuestro país.
Dijo que con esta minuta se plantea el principio de la responsabilidad estatal, por la estabilidad de las finanzas públicas, y así contribuir a la generación de condiciones propicias para el crecimiento económico.
Por otra parte, se refrenda la atribución al Congreso General de legislar en materia de deuda pública de la federación y del Distrito Federal, al tiempo de ampliar la competencia legislativa para dar las bases generales sobre el endeudamiento de los llamados entes públicos subnacionales y hacerlo con referentes precisos, reiteración de la contratación de empréstitos para fin exclusivo de realizar inversiones públicas productivas, límites y modalidades para afectar participaciones en la contratación de empréstitos, entre otros puntos trascendentales.
Se establece, además, un fortalecimiento de la función fiscalizadora en el ámbito federal y de las entidades federativas. Por un lado, cuando la federación otorgue la garantía federal de un empréstito estatal o municipal, y por otro lado para que en esa hipótesis se fiscalice el destino y el ejercicio de los recursos contratados.
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