*Esta cantidad, en beneficio de los chihuahuenses, supera la media nacional. Se estima que en 2018, el Estado recibirá 950 millones de pesos
*¿En qué invirtió el gobernador Javier Corral estos recursos?
*Pretende confundir a la opinión pública para obtener dividendos electorales a favor de su partido político
Chihuahua, Chih.- Los ajustes a los precios de los combustibles en enero del año pasado significaron ingresos adicionales para el Gobierno de Chihuahua por 800 millones de pesos, hasta el mes de noviembre 2017, derivado del Impuesto Especial de Productos y Servicios – IEPS-.
La cifra está por encima de la media nacional ya que representó el 4.4 por ciento de ingresos para Chihuahua, cuando el promedio para los estados del país fue del 3.8 por ciento.
Es por ello que las declaraciones hechas por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado así como por el precandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, cuestionando las “repercusiones” por el aumento a los combustibles y “repartiendo” responsabilidades, son incongruentes y tienen como objetivo obtener dividendos políticos confundiendo a la población.
Tan sólo en 2017, los estados del país recibieron recursos -como parte de un acuerdo con la Secretaría de Hacienda- por 280 mil millones de pesos del IEPS.
No se trata de un acuerdo coyuntural, más aún, por algunos años las entidades federativas demandaron un incremento de estos recursos adicionales directos hasta que se logró el año pasado.
¿Por qué el gobernador no dice esto?
¿En qué invirtió los 800 millones de pesos recibidos en 2017?
Como señalamos, justo con la reforma energética y a petición de los estados del país, la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal incrementó los porcentajes del IEPS, de tal suerte que Chihuahua recibió 800 millones de pesos en 2017 (al mes de noviembre) y se estiman al menos 950 millones de pesos para 2018.
En este año, por cada litro de gasolina magna (verde), el estado recibe 40.52 centavos; 49.44 centavos (por litro roja) y 33.65 centavos por cada litro de diésel.
Antecedentes
Como es sabido, a partir de enero de 2017 se puso en marcha en el país un nuevo esquema de venta de gasolinas producto de la reforma energética que respaldaron las principales fuerzas políticas de México –incluido el Partido Acción Nacional- donde no habrá un precio único fijado por el gobierno, ni estaciones de una sola empresa (Pemex), sino varias marcas y gasolineras que alentarán la competencia.
Es cierto que la medida significó un incremento del 20 por ciento a los precios de los combustibles, lo que generó malestar y protestas en diversos estados del país.
A principios de 2017, el entonces Secretario de Hacienda y hoy pre candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, explicó “que no había manera de que mantuviéramos el precio artificialmente bajo. Y lo que pasó ahora en México, como pasa en el mundo, es que el precio del petróleo dicta el precio de la gasolina”.
“La alternativa es que hubiéramos usado otros impuestos para mantener el precio de la gasolina bajo, que recortáramos otros programas sociales”, apuntó además.
La reforma energética respaldada por diversas fuerzas políticas, abrió el mercado petroquímico que mantuvo el Estado desde la nacionalización de la industria en 1938.
De esta manera, a partir del año pasado son tres los elementos que harán que un litro de gasolina o diésel será más caro o más barato, dependiendo de la región, estado y municipio en donde se compre:
Precio en el mercado: el costo del petróleo eleva o reduce el costo de la gasolina, y el precio a nivel internacional será la referencia: ya no estará sujeto al precio que el gobierno (Pemex y la SHCP) fijaba por razones financieras y hasta políticas.
Transporte y almacenamiento: un litro de gasolina será más caro o barato si una localidad se encuentra más lejos o cerca de una refinería o un puerto, si el combustible es llevado por tierra o por oleoducto, y si cuesta más o menos almacenarlo.
Impuesto a la gasolina: el gobierno aplica un impuesto de recaudación llamado IEPS a cada litro de gasolina vendido, el cual se seguirá aplicando y no se incrementó el año pasado.
Es preciso destacar que en su momento, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a los precios de los combustibles de acuerdo a las mediciones y determinaciones internacionales.
Es lamentable que ahora tanto Javier Corral como Ricardo Anaya pretendan hacer creer que el responsable es el aspirante presidencial José Antonio Meade, dijo el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán.
Son incongruentes y solo buscan dividendos políticos para su causa confundiendo a la población con el tema de la reforma energética que avaló Ricardo Anaya, porque sabía que era un paso necesario para el desarrollo de país, destacó Bazán Flores.
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