Chihuahua.- La legisladora panista Patricia Flores González solicitó al Congreso reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua, con la finalidad de aumentar las penas de prisión e incluso imponer multas económicas en delitos de índole sexual, principalmente cuando el ilícito se cometa contra menores de edad o personas que muestren alguna incapacidad.
La diputada se refirió a delitos como la violación y el abuso sexual pues consideró que constituyen una de las formas de vulneración de derechos más extrema del ser humano que afecta mayoritariamente a mujeres y menores de edad, cuyo impacto puede llevar a las víctimas a resultados fatales.
Agregó que las víctimas de violación y abuso sexual prolongado, desarrollan una pérdida de autoestima, la sensación de no valer nada y adquieren una perspectiva anormal de la sexualidad; se vuelven muy retraídos, pierden la confianza en todos los adultos y pueden llegar a considerar el suicidio como escape a sus sensaciones de culpabilidad.
Anualmente, aseguró, se reportan más de 80 mil casos de abuso sexual contra menores en nuestro país, sin embargo el número de casos que no se reportan es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó y además, el proceso legal para validarlo es difícil. No obstante, el problema debe de ser identificado y ponerle fin al abuso.
La legislación penal actual establece penas privativas de la libertad que van de los seis meses hasta los seis años de cárcel, cuando la víctima es mayor de dieciocho años, y de dos a diez cuando la víctima sea menor de catorce años o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien, que no pueda resistirlo, pero su propuesta contempla hasta 12 años de pérdida de la libertad.
“Pese a que se contemplan algunos supuestos bajo los cuales puede aumentar la prisión, es necesario realizar la modificación penal para aumentarlas, además de imponer una multa que en la actualidad no se contempla este concepto como pena en el mencionado delito” explicó a manera de ejemplo.
Por otra parte, el proyecto presentado por la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, cita que se podrían aplicar multas que varían de los 100 a los 500 días de salario, según las agravantes que contempla. Igualmente habla de pérdida de la patria potestad o tutela cuando el responsable sea alguien con quien la víctima tenga vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; o con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho.
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