· Deplorable que Congreso no se atreva a establecer un sistema de responsabilidad directa y objetiva para el Presidente de la República.
En tribuna, el panista Javier Corral aseguró que el dictamen presentado para realizar reformas en materia de combate a la corrupción, se trata de modificaciones de carácter administrativo y no penal; y exhortó a los legisladores a modificar el documento para que el Presidente de la República sea sujeto a la Ley como cualquier otro servidor público, para no alimentar el pacto de impunidad que prevalece en la clase política.
“La reforma planteada parte de una premisa equivocada: creer que el Presidente de la República no se encuentra envuelto en actos de corrupción y que los altos funcionarios del Estado que cuentan con fuero constitucional no son generadores de actos de corrupción. La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país”.
Corral afirmó la “imposibilidad ética, jurídica y política” del gobierno federal para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno, toda vez que no se han fincado responsabilidades por los escándalos de las casas multimillonarias del Presidente y de su esposa, las del secretario de Gobernación, las del secretario de Hacienda, las del consejero jurídico del Presidente.
El chihuahuense explico que el conjunto de reformas en cuestión sólo marcan el derrotero para construir una norma de carácter integral, por lo que es inexacto afirmar que con la aprobación del dictamen se aplicarán sanciones de cárcel para los funcionarios públicos corruptos, “pues sólo sirve a la confusión y da pretexto al gobierno en turno para lavarse la cara de la corrupción que los enloda”.
El panista dejó claro que se debe valorar en su justa dimensión toda reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, con base en un “análisis exhaustivo de las causas que han llevado al Estado al nivel de descontrol de las prácticas corruptas, en cuanto a las condiciones que han propiciado su comisión, como a las manifiestas muestras de impunidad que en ella se vislumbran”.
Por otra parte, respecto a las competencias de la Secretaría de la Función Pública (SFP) básicamente le fueron restituidas las facultades que se abrogaron mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, publicada en 2013.
En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) Corral Jurado señaló que no es posible hablar de su eficaz sin establecer indicadores o resultados “medianamente esperados con su implementación”, ni en la obligación de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, “puesto que el solo establecimiento de mecanismos de control no asegura por sí solo el cumplimiento de objetivos por demás inexistentes”.
El dictamen para realizar reformas en materia de combate a la corrupción se aprobó en lo general con 97 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones.
Últimos comentarios