*Debe prevalecer el acuerdo entre las fuerzas políticas por ser un asunto de trascendencia: Omar Bazán
Chihuahua, Chih.- El dirigente estatal del PRI respaldó la decisión de la bancada tricolor en el Congreso local, de rechazar diversos aspectos de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Omar Bazán reiteró que éste no es un tema menor y debe prevalecer el consenso de las diversas fuerzas políticas.
Criticó que por obedecer a sus propios intereses, solo Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social dieron su aval para la aprobación de la Ley en el Pleno y ante el rechazo de las otras fuerzas políticas.
El dirigente priista reiteró los argumentos presentados por la diputada coordinadora de la bancada priista, Isela Torres, en el sentido de que la Ley contiene diversas anomalías que debieron dar pie a un proceso más minucioso de análisis para llegar a acuerdos y no a la división que promovió irresponsablemente el Partido Acción Nacional.
Entre los argumentos presentados por la diputada Isela Torres destaca el de la pluralidad de criterios que deben imperar en órganos institucionales y que tratan asuntos de tanta delicadeza como lo es una Comisión Jurisdiccional, que resuelve acerca de un Juicio Político o una Declaración de Procedencia.
El precepto no contiene ninguna obligación expresa de que dicha Comisión esté conformada de forma justa desde todas las fuerzas políticas y sin que ninguna se encuentre favorecida en número, con el fin de que se tomen decisiones objetivas desde un consenso necesario.
Además, la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional es excesiva, puesto que la integran cinco Diputadas y Diputados, lo que tal vez provocaría discusiones interminables sin llegar a ninguna finalidad, por lo que “nuestro Grupo Parlamentario propone que la cantidad sea tres integrantes para lograr el objetivo de dicha Comisión, ya que a nivel Federal son cuatro integrantes siendo innecesario rebasar ese límite”.
Por otra parte, en los artículos Transitorios no se contempla la substanciación de los procedimientos ya iniciados por juicio político ante el Congreso, es necesario establecer cual legislación se aplicaría si se están derogando los Artículos respectivos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Estos son sólo algunos ejemplos de cuestiones que pueden opacar la aplicación de una Ley toral para el Estado y que de publicarse en estas condiciones y sin agotar el estudio pertinente, representaría un obstáculo en lugar de un avance para nuestra gobernabilidad, reiteró el dirigente estatal del PRI.
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