Desde hace tiempo, vivimos conectados como nunca, pero también expuestos como nunca porque la revolución digital ha transformado la manera en que nos comunicamos, aprendemos y participamos en la vida pública.
Ha permitido que voces históricamente marginadas encuentren espacios para hacerse escuchar y que la información circule. Pero esa capacidad puede convertirse en amenaza cuando la mentira, la desinformación y el discurso de odio alcanzan una velocidad y escala sin precedentes.
No es un fenómeno nuevo, pero vuelve a cobrar urgencia. Por eso la ONU, mediante los Principios universales para la integridad de la información (PUII), advierte sobre los riesgos que enfrentan particularmente niños, niñas y jóvenes ante el deterioro del ecosistema informativo y el avance de la inteligencia artificial (IA). Señalamiento oportuno, pues la tecnología avanza más rápido que los marcos regulatorios creados para proteger a las personas.
El auge de la IA complica este escenario al producir contenidos sintéticos, manipular información y dirigir mensajes de forma cada vez más sofisticada, planteando riesgos sobre lo que sabemos y cómo decidimos. Y aunque nadie está a salvo, niños, niñas y jóvenes son más vulnerables.
En ese contexto, la ONU advierte que los daños que ocurren en los espacios digitales no pueden reducirse a decisiones individuales ni a una supuesta falta de supervisión familiar. Detrás existen modelos de negocio que monetizan la atención y los datos personales, así como diseños concebidos para mantener a las personas conectadas.
De ahí que los PUII representen más que una declaración de buenas intenciones. Plantean una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas tecnológicas, medios de comunicación, anunciantes, investigadores y sociedad civil. Por eso, su propuesta se sostiene en cinco pilares: credibilidad social y resiliencia; medios independientes, libres y plurales; transparencia e investigación; empoderamiento público, y buenos incentivos.
El desafío, sin embargo, no consiste solo en combatir las noticias falsas. Se trata de defender el derecho de las personas a informarse, contrastar fuentes, proteger sus datos y formar opiniones sin manipulación. La integridad de la información es, en ese sentido, una condición para ejercer otros derechos y construir sociedades más democráticas, igualitarias y sostenibles.
El caso es que la pregunta ya no es si podemos detener la transformación tecnológica —la respuesta es obvia: no—, sino quién decide lo que sabemos y en función de qué intereses. Si dejamos esa decisión en quienes controlan la tecnología, corremos el riesgo de que la lógica de la atención se imponga sobre la libertad, la seguridad y el interés público.
No basta, pues, con proteger la libertad de expresión; también hay que garantizar las condiciones para ejercerla con información confiable, porque, como plantea Hannah Arendt, la libertad de opinión pierde sentido cuando no existe acceso a información objetiva.
Aída María Holguín Baeza
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