(Cortesía de El Diario)
La Columna de El Diario
La conducta de Carlos Borruel y su clan en contra del colega periodista está lejos de ser aislada. Al contrario, es estimulada e instigada lenta y pacientemente por un discurso de odio permanente desde la principal magistratura del estado, como púlpito que llama a sus huestes a cumplir con un deber sagrado, en franca actitud enfermiza, que nada tiene que ver con el Estado de Derecho democrático.
Es el corolario de tres años y medio de administración de un personaje que presume conocer a los medios, en funciones de gobernador, y que desde el primer momento ha desatado una andanada de ataques verbales, incitando indirecta y directamente a la razzia contra medios y comunicadores.
En ese largo historial de agresiones a medios existe una lista de periodistas incómodos, filtrada y publicada, que en ningún momento fue desmentida. Es más, obtuvo la confirmación del comunicador social Antonio Pinedo, que debió abandonar el cargo por denuncias de corrupción y hoy cobra en la comodidad de una súper asesoría en la misma administración estatal. Absurdo hasta por la crisis económica.
Esa lista adquiere otras dimensiones ante el nuevo tono amenazante.
Las medidas cautelares dictadas por autoridades, incluso de amparo; las recomendaciones de organizaciones como Artículo 19 o Reporteros sin Fronteras le hacen lo que el viento a Juárez; tira la piedra y esconde la mano, parapetado en vericuetos legaloides y mentirosos, en estos momentos en que goza del fugaz poder estatal.
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De todo había ocurrido, discursos incendiarios contra los comunicadores, aderezados con adjetivos mil, empujones, negativas a contestar preguntas o dar entrevistas, hasta denuncias en México y en el extranjero. Ahora la estrategia es suplantar a los medios: en lugar de gobernar ahora pasa más de ocho horas a la semana frente a una escasa audiencia, con su tablet u hojas en la mano, en su reality show.
Pero hasta el momento no se había cruzado ese límite que significa el uso de armas de fuego por parte de ningún funcionario estatal, por más invectivas lanzadas desde la principal magistratura estatal.
Ni sus guaruras, caracterizados por el abuso constante, con el capitán Escamilla al frente, habían osado en desenfundar el arma de cargo, aún y cuando su jefe gritaba que agarraran a un cabrón narco que era en verdad periodista tomándole fotos mientras jugaba tenis en hora de oficina.
Por eso los hechos ocurridos el pasado 5 de mayo en un fraccionamiento privado de la ciudad de Chihuahua alcanzan tintes dramáticos e inaceptables.
El periodista Salvador Ang llegaba a su casa por la noche, cuando fue abordado por la familia Borruel, que reclamó una información donde Carlos Borruel junior se vio involucrado en una acusación de abuso sexual en “pachangavirus”.
La descripción es aterradora: “… pronunciando las palabras ‘te voy a desaparecer’ y en eso estaba la situación cuando el yerno del funcionario, el señalado David Ortega, se metió a su casa, enseguida de la mía, y salió con un arma de fuego al parecer de calibre 22 o 25, que portaba en su mano derecha, haciéndole a su suegro una señal con la cabeza y la mirada para que le autorizara dispararme, amagando con hacerlo, sin embargo, debo indicar que Carlos Marcelino Borruel Baquera le gritó ‘guárdala, guarda eso…’”.
Como consecuencia de estos hechos narrados en la denuncia ante la Fiscalía Especializada contra Delitos de la Libertad de Expresión, en poder de esta casa editora, el periodista exigió medidas de protección. La Policía Municipal resguarda su vivienda, porque resulta que los hermanos de Carlos Borruel son oficiales de policía y vialidad. Todos ellos cuentan con arma.
No puede menos que pensarse en una inocultable protección desde la oficina principal de Palacio de Gobierno a estas conductas de agresión contra comunicadores. La omisión es criminal.
Carlos Borruel es funcionario de alto nivel, titular de un organismo descentralizado de la administración Estatal; su esposa es funcionaria dentro del Ichife, que dirige uno de los funcionarios más cercanos a Corral; su hija es regidora en el Ayuntamiento capitalino, y el yerno, que fue quien exhibió el arma como vil gatillero, cobra en el Congreso del Estado.
Artículo 19 ha sido puntual: “El ambiente sigue siendo adverso a la libertad de expresión debido a la violencia institucional imperante contra la prensa durante el gobierno de Javier Corral”.
Reporteros Sin Fronteras ha denunciado también: “El uso indebido y/o excesivo del aparato normativo y judicial para intimidar la labor que realizan periodistas, agrede de manera directa la Libertad de Expresión y de Prensa”.
Curiosamente ataca a los medios de comunicación que durante años cobijaron sus artículos de opinión, sin censura alguna. Hizo uso en ellos de la libertad de escribir de una manera amplia y sin cortapisa.
Pero ahora desea que los medios de comunicación lo aplaudan y protejan en sus excesos y ausencias; deslegitimado navega en el último tramo de su gubernatura, víctima de su doble discurso e incongruencia entre el actuar y el decir.
Ridículo, grotesco, panfletario, cínicos, mentirosos, corruptos, impunes y una larga retahíla de adjetivos salen de la pluma del gobernador en contra de sus críticos medios de comunicación sobre quienes ha construido desde el 4 de octubre de 2016 una historia que estigmatiza y pone en riesgo a los periodistas sin rubor alguno para salirse con la suya.
Tenía que ser entonces que del discurso agresivo se pasara a la acción directa armada; por el momento, en calidad de amenaza.
