Las inconformidades por la selección de candidaturas ponen en entredicho los métodos de Morena y abren un debate de fondo: ¿es preferible ganar elecciones a cualquier costo o preservar los principios éticos del movimiento, aun cuando ello implique perder?
Las declaraciones atribuidas al expresidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Grandeza han reavivado un debate de especial relevancia para Morena, de cara al proceso electoral de 2027. La idea de que vale más perder una elección que traicionar los principios del movimiento o postular a personajes cuestionados por su conducta ética coloca sobre la mesa una disyuntiva fundamental: ¿qué debe privilegiar un partido político, la posibilidad de obtener el triunfo electoral o la congruencia con los principios que le dieron origen?
La pregunta cobra mayor importancia ante las inconformidades que han surgido en torno a la selección de candidatas y candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Las designaciones, realizadas mediante encuestas y otros mecanismos de decisión partidista, han provocado cuestionamientos sobre la transparencia, la imparcialidad y la legitimidad de los procedimientos.
El problema no es menor. Cuando una parte de la militancia considera que los resultados no fueron suficientemente claros o que las decisiones favorecieron a determinados grupos, el conflicto deja de ser exclusivamente electoral y se convierte en un problema de credibilidad política.
Las encuestas: ¿el método más democrático?
Morena ha recurrido a las encuestas como uno de sus principales instrumentos para seleccionar candidaturas. En teoría, este mecanismo permite conocer las preferencias ciudadanas y elegir a quienes cuentan con mayor reconocimiento y aceptación popular, sin depender exclusivamente de las estructuras tradicionales de poder partidista.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que las encuestas no están exentas de cuestionamientos. Su legitimidad depende de factores como la transparencia de la metodología, la selección de las personas consultadas, la confiabilidad de las empresas encuestadoras, la publicación de los resultados y la existencia de mecanismos de revisión.
Cuando estos elementos no se conocen con suficiente claridad, las dudas se multiplican. Si una candidatura se define mediante diferencias mínimas o si los resultados no corresponden con las expectativas de los participantes, surge inevitablemente la sospecha de que el procedimiento pudo haber sido manipulado o de que existieron decisiones tomadas de antemano.
Es importante distinguir entre una encuesta cuestionada y una encuesta manipulada: la inconformidad, por sí sola, no demuestra irregularidades. Pero también es cierto que la falta de información verificable puede alimentar la desconfianza y debilitar la legitimidad de cualquier resultado.
Por ello, el problema no consiste necesariamente en abandonar las encuestas, sino en determinar bajo qué condiciones pueden convertirse en un instrumento confiable y aceptado por la militancia.
¿Regresar a las votaciones internas o a las convenciones de delegados?
Una alternativa sería recuperar la elección directa de candidaturas mediante el voto de la militancia. Este procedimiento permitiría que los integrantes del partido participaran en las urnas y expresaran de manera directa sus preferencias.
No obstante, tampoco se trata de una solución perfecta. Las elecciones internas pueden verse afectadas por el acarreo de votantes, la movilización desigual de recursos, la compra de apoyos y la intervención de grupos con mayor capacidad económica y organizativa.
Otra posibilidad sería recurrir a convenciones de delegados, un mecanismo utilizado históricamente por partidos como el PRI y el PAN en distintos procesos de selección interna. Sin embargo, este modelo también presenta debilidades: los delegados pueden quedar sujetos a compromisos políticos, acuerdos entre corrientes o presiones de los grupos con mayor poder dentro de la organización.
En determinadas circunstancias, dos o tres grupos pueden establecer alianzas para controlar una decisión, dejando en segundo plano las preferencias de una parte importante de la militancia.
Por tanto, ni las encuestas, ni el voto directo, ni las convenciones de delegados garantizan por sí mismos una selección democrática. Cada mecanismo tiene ventajas y riesgos. La cuestión central es cómo diseñar un procedimiento que reduzca la discrecionalidad, garantice la participación y permita conocer con claridad por qué una persona resulta seleccionada sobre las demás.
¿Existe un método más adecuado para Morena?
Quizá la respuesta no consista en elegir un solo mecanismo, sino en construir un sistema mixto, con reglas previamente establecidas y obligaciones claras para la dirigencia nacional.
Morena podría combinar encuestas independientes y verificables con etapas de participación de la militancia, debates públicos entre aspirantes y evaluaciones de trayectoria, integridad y capacidad de gobierno.
Un modelo de esta naturaleza debería contemplar, al menos, cinco elementos fundamentales:
- Reglas claras y anticipadas. Las condiciones de participación, los criterios de evaluación y las etapas del procedimiento deben conocerse antes de que comience la selección.
- Encuestas transparentes. Deben identificarse las empresas responsables, explicar la metodología y establecer mecanismos de auditoría y revisión de los resultados.
- Participación efectiva de la militancia. Los simpatizantes pueden aportar información sobre la aceptación ciudadana, pero los militantes también deben contar con espacios institucionales para expresar sus preferencias y evaluar a quienes aspiran a una candidatura.
- Evaluación ética de los aspirantes. La popularidad no debe sustituir el análisis de la trayectoria pública, los antecedentes verificables, los conflictos de interés y la conducta de quienes buscan representar al partido.
- Mecanismos de inconformidad. Deben existir instancias independientes de revisión, con plazos definidos y resoluciones fundamentadas, para evitar que las controversias terminen resolviéndose únicamente mediante acuerdos políticos.
Este último punto resulta fundamental. Una candidatura no adquiere legitimidad únicamente porque la dirigencia la anuncie como ganadora. También necesita que el procedimiento mediante el cual fue seleccionada sea creíble para quienes participaron en él.
El problema de elegir personajes populares, pero cuestionados
En este contexto adquiere especial relevancia la reflexión atribuida a López Obrador sobre el riesgo de privilegiar a personajes populares, famosos o de discurso atractivo cuando existen señalamientos serios sobre su conducta.
La popularidad puede representar una ventaja electoral, pero no necesariamente constituye una garantía de honestidad, capacidad administrativa o compromiso con los principios de un movimiento político.
Un aspirante puede tener reconocimiento público, facilidad de palabra y capacidad para atraer votantes, pero esas cualidades no bastan para acreditar que será un buen gobernante. La selección de candidaturas requiere valorar también la trayectoria, la congruencia, la responsabilidad pública y la capacidad para ejercer el poder sin convertirlo en un instrumento de beneficio personal.
Por supuesto, es indispensable distinguir entre acusaciones sin sustento, controversias políticas y hechos debidamente acreditados. La evaluación ética no puede convertirse en un mecanismo arbitrario para excluir adversarios internos. Debe sustentarse en información verificable y criterios aplicables por igual a todas las personas aspirantes.
La cuestión de fondo es si Morena está dispuesto a renunciar a una candidatura electoralmente atractiva cuando existan elementos sólidos que hagan incompatible su postulación con los principios que el partido afirma defender.
Ese sería el verdadero examen de congruencia.
Las consecuencias políticas de las designaciones cuestionadas
Las inconformidades en torno a las candidaturas no deben interpretarse únicamente como una disputa entre aspirantes que no obtuvieron la nominación. En ocasiones, también reflejan problemas de comunicación, falta de confianza en las dirigencias y desacuerdos sobre la distribución del poder dentro del partido.
Cuando estos conflictos se acumulan, existe el riesgo de que algunas corrientes se distancien, que determinados liderazgos decidan apoyar otras opciones o que la militancia pierda entusiasmo para participar en las campañas.
Las posibles rupturas en entidades como Nuevo León y Michoacán, así como las inconformidades que pudieran presentarse en otros estados, deben analizarse desde esta perspectiva. No basta con identificar quién ganó una encuesta o quién recibió el respaldo de la dirigencia. También es necesario evaluar qué tan sólida queda la organización después de cada designación.
Una candidatura puede ser competitiva en términos electorales y, al mismo tiempo, generar divisiones internas que terminen perjudicando al partido. De igual manera, una selección que inicialmente provoque inconformidad puede recuperar legitimidad si se demuestra que el procedimiento fue transparente y que las decisiones estuvieron debidamente justificadas.
El desafío consiste en evitar que las diferencias internas se conviertan en fracturas duraderas.
«Manteniendo los principios se gana perdiendo»
La reflexión atribuida a López Obrador —«Manteniendo los principios se gana perdiendo»— expresa una concepción de la política que coloca la congruencia ética por encima del resultado electoral inmediato.
Desde esta perspectiva, perder una elección no significa necesariamente una derrota histórica. Si un partido conserva su identidad, respeta sus compromisos y evita postular a personas incompatibles con sus principios, puede preservar la confianza de sus bases y mantener su credibilidad ante la sociedad.
En cambio, obtener una victoria electoral a costa de abandonar esos principios puede producir un beneficio inmediato, pero también generar un costo político a largo plazo.
Esta postura supone que los partidos no deben evaluar su éxito exclusivamente por el número de gubernaturas, diputaciones o presidencias municipales que consiguen. También deben preguntarse qué tipo de representantes llevan al poder, cómo lo ejercen y si sus decisiones corresponden con los compromisos que asumieron ante la ciudadanía.
Sin embargo, aquí aparece una dificultad: los principios políticos no se preservan únicamente mediante declaraciones. Se demuestran a través de reglas, procedimientos y decisiones concretas. Si la dirigencia afirma que la honestidad es prioritaria, pero sus mecanismos de selección no permiten comprobar cómo se evalúa la integridad de los aspirantes, la congruencia queda en el terreno del discurso.
Pragmatismo contra obradorismo
El relevo generacional y político dentro de Morena abre una interrogante sobre la relación entre el legado de López Obrador y las decisiones de quienes actualmente conducen el partido.
La dirigencia tiene la responsabilidad de competir, construir mayorías y conservar espacios de gobierno. Desde esa lógica, elegir perfiles con alto reconocimiento público puede parecer una decisión razonable. Ningún partido participa en una elección con la intención de perderla.
Pero el pragmatismo tiene límites. Si la búsqueda del triunfo electoral se convierte en el criterio dominante, los principios pueden terminar subordinados a la conveniencia de cada coyuntura.
En el extremo contrario, tampoco bastaría con invocar el obradorismo como una fórmula incuestionable para resolver todas las decisiones. Los principios necesitan traducirse en reglas institucionales capaces de funcionar incluso cuando los liderazgos cambian o dejan de intervenir directamente en la vida cotidiana del partido.
El verdadero reto de Morena consiste en demostrar que puede preservar su identidad sin depender exclusivamente de la autoridad moral o política de su fundador.
López Obrador puede plantear orientaciones y advertencias, pero corresponde a la dirigencia decidir si las convierte en criterios efectivos para la selección de sus representantes. La distancia entre una declaración pública y una práctica institucional es, precisamente, donde se pone a prueba la congruencia política.
¿Prefirió Morena ganar antes que preservar sus principios?
Esta es la pregunta que queda abierta. Si la dirigencia privilegió candidaturas con mayores posibilidades electorales sin dar suficiente peso a la trayectoria ética de los aspirantes, podría sostenerse que optó por el pragmatismo. Sin embargo, para establecerlo de manera concluyente sería necesario examinar cada designación, sus criterios y las evidencias disponibles, en lugar de atribuir una misma motivación a todas las decisiones.
Lo que sí puede afirmarse es que las controversias en torno a los procedimientos de selección plantean un desafío para la credibilidad del partido. La transparencia no es un asunto secundario ni una exigencia exclusiva de quienes pierden una candidatura. Es una condición para que las decisiones internas sean aceptadas y para que los representantes lleguen a las contiendas con una legitimidad sólida.
Morena enfrenta, por tanto, una disyuntiva que va más allá de las elecciones de 2027: definir si quiere consolidarse como una organización política guiada por reglas institucionales y principios verificables o si continuará dependiendo, en buena medida, de acuerdos entre dirigencias, encuestas cuestionadas y decisiones cuyo fundamento no siempre resulta suficientemente claro.
Al final, la verdadera disyuntiva no es entre ganar o perder una elección, sino entre construir un triunfo con legitimidad o conseguir una victoria que termine debilitando la identidad del propio movimiento.
Si Morena aspira a conservar la confianza de sus simpatizantes, tendrá que demostrar que sus principios no son solamente parte de su discurso histórico, sino criterios que efectivamente determinan quiénes pueden representarlo.
Porque ganar una gubernatura puede otorgar poder durante seis años; preservar la confianza ciudadana exige mucho más. Y si para ganar una elección es necesario sacrificar aquello que dio origen al movimiento, la victoria electoral podría convertirse, paradójicamente, en una derrota política y moral.
