La impugnación del PAN presentada ante la Suprema Corte no defiende a ningún delincuente.
Defiende la Constitución a conveniencia política.
El PAN busca engañar a la ciudadanía aprobando leyes locales anticonstitucionales para usarlas como ‘garrote político’ contra la oposición o morena. Si Maru Campos, Alfredo Chávez, Daniela Alvarez o el PAN tienen pruebas reales de algún delito, que las presenten ante la FGR en lugar de hacer campañas de calumnia.
En un Estado de derecho, los delitos los juzgan los tribunales con sentencias firmes, no los Congresos locales a conveniencia política.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 73) establece que la legislación en materia de delincuencia organizada, delitos electorales federales e injerencia extranjera es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Por lo tanto hay una INVASIÓN de facultades Constitucionales en el orden jurídico y debe ser sancionado.
La impugnación (Acción de Inconstitucionalidad) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es una defensa a candidatos, sino una defensa del orden constitucional para evitar que un Congreso local legisle fuera de sus atribuciones.
Por lo tanto deben alinearse a la SCJN.
Los artículos 14, 16 y 38 constitucionales establecen que los derechos políticos solo se suspenden mediante una sentencia judicial firme emitida por un juez penal tras un juicio con todas las garantías.
Permitir que leyes locales anulen candidaturas o elecciones basándose en meras sospechas, peritajes administrativos o señalamientos sin condena penal quebranta el principio de presunción de inocencia y abre la puerta a la discrecionalidad.
Con ello hay un riesgo de Inhabilitación.
Denuncias con Pruebas vs. Declaraciones Mediáticas
Exijamos que Denuncien Formalmente si el PAN afirma tener “certeza” de vínculos con el crimen organizado, la vía legal correcta es acudir de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) con pruebas contundentes, no utilizar conferencias de prensa para hacer propaganda sin sustento penal.
Acusar en medios sin presentar elementos ante las autoridades judiciales evidencia un uso mediático del tema para desviar la atención de sus propios señalamientos locales.
Y recae solo en una GUERRA SUÇIA
