LA SCJN FORTALECE EL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA EN CHIHUAHUA Y NO LAS CHIPLERIAS DE LA GOBERNADORA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó como el máximo intérprete de nuestra Constitución y garante del Estado de Derecho en relación con las recientes declaraciones emitidas por la Gobernadora del Estado respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral local.
Sus resoluciones no responden a criterios de oportunidad política, sino a la estricta verificación de que las leyes locales se apeguen al marco legal supremo y respeten los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Coincidimos plenamente en la urgencia y prioridad de evitar cualquier tipo de intromisión del crimen organizado en los procesos electorales. Sin embargo, la efectividad en el combate a la delincuencia no puede construirse sobre normas que vulneren principios constitucionales o la certeza jurídica del proceso electoral.
El fin de proteger las urnas no justifica sobrepasar los límites de la Constitución.
El blindaje de las elecciones frente a la delincuencia exige trabajo de inteligencia, presencia territorial, prevención y una coordinación real entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y las autoridades electorales (INE e IEE). La protección de candidatos y votantes se logra con acciones operativas firmes dentro de la ley, no con reformas que carezcan de asidero constitucional.
Reiteramos la disposición de trabajar de manera institucional y coordinada en la mesa de blindaje electoral, respetando el marco jurídico determinado por la SCJN, con el firme propósito de garantizar a las y los chihuahuenses comicios libres, pacíficos y verdaderamente democráticos y no caprichos y ocurrencias a su modo de la GOBERNADORA y actores de Acción Nacional