El mapa del saqueo institucional es amplio, pero en ningún lugar sus huellas son tan profundas ni sus montos tan escandalosos como en los cimientos de la soberanía nacional:
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante décadas con el PRIAN, estas dos columnas vertebrales del desarrollo del país no fueron gestionadas como bienes de la nación, sino administradas como cajas chicas y repartidas como botín de guerra.
Bajo el disfraz de la modernización y la apertura de mercado, se configuró una red perfecta de privatización velada y subcontratación de favor.
Empresas privadas signaron contratos multimillonarios en los que el Estado asumía las pérdidas mientras las corporaciones aseguraban ganancias desmedidas, llegando al extremo aberrante de pagar fortunas con dinero público a entes privados por energía que ni siquiera se producía.
Hoy que el flujo de recursos opacos se interrumpe y que se impone la fiscalización de los contratos abusivos, la respuesta no se ha hecho esperar.
Bajo el ropaje de supuestos frentes sindicales, colectivos en defensa del mercado o grupos “independientes”, se azuzan movilizaciones, paros y protestas cuyo único trasfondo es la desesperación de quienes vieron cortada su tajada.
No nos engañemos: las manifestaciones coordinadas que hoy irrumpen en el sector energético no buscan la mejora del servicio ni la protección de los derechos laborales.
Son el manotazo en la mesa de un esquema de privilegios en abstinencia que utiliza la narrativa del caos para frenar la recuperación de los bienes públicos.
La resistencia que hoy observamos no nace de la defensa del futuro del país, sino del miedo a que el pasado de impunidad no vuelva jamás.