El costo del abandono: cuando la crisis humanitaria se reduce a la retórica política.
Por Vicente Aceves Franco
El reconocimiento de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sobre la falta de registros precisos respecto al desplazamiento forzado y las desapariciones en la entidad hasta hace unos meses, no es solo un tropiezo mediático; es la confirmación explícita de un vacío institucional sostenido.
Que una administración estatal admita haber operado a ciegas ante un fenómeno de la magnitud que azota a la Sierra Tarahumara pone de manifiesto que las políticas de seguridad y derechos humanos han carecido, por años, de diagnósticos mínimos y fundamentados.
Detrás de la ausencia de cifras no hay abstracciones, hay familias despojadas de su patrimonio, comunidades enteras reducidas al silencio y retornos fallidos que terminan en tragedia.
La falta de datos actualizados no refleja una simple deficiencia técnica, sino una omisión sistemática en la recolección, sistematización y atención oportuna de la violencia en las regiones más vulnerables del estado.
A la gravedad de este diagnóstico se suma la respuesta política. En lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo estatal en materia de gobernabilidad y protección ciudadana, la mandataria optó por canalizar el reclamo hacia el ámbito municipal, señalando de manera directa a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, y vinculando la dinámica local con disputas partidistas de nivel federal.
Esta estrategia de confrontación no solo diluye la rendición de cuentas, sino que evidencia una profunda fractura en la coordinación interinstitucional.
El abordaje del desplazamiento forzado requiere, por definición, un trabajo articulado y permanente entre los tres órdenes de gobierno Municipal, Estatal y Federal, desligado de fricciones políticas. Cuando la gestión de la seguridad se aborda desde el cálculo o el deslinde partidista, el margen de respuesta del Estado se reduce al mínimo.
La presencia de organismos internacionales, como la Misión de Observación de la Unión Europea en la Sierra Tarahumara, vuelve a poner en el foco público la urgencia de reestructurar la estrategia estatal. Chihuahua no necesita disputas declarativas ni diagnósticos improvisados sobre la marcha.
Requiere, de manera inmediata:
-Un registro estatal oficial, transparente y actualizado de personas desplazadas y desaparecidas, elaborado en coordinación con colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
-Mecanismos e instituciones de retorno seguro que garanticen la integridad física y económica de las familias afectadas.
-Canales formales de coordinación entre municipios y el estado, donde la seguridad pública se mantenga al margen de las disputas políticas.
Mientras la crisis humanitaria continúe utilizándose como argumento de confrontación pública, el problema de fondo permanecerá intacto.
La ciudadanía de la sierra no requiere deslindes de responsabilidad, sino una estrategia integral, rigurosa y comprometida con los derechos humanos.
Basta que la GOBERNADORA siga vociferando en los medios declaraciones que solo la unden más en su ignorancia y su falta de trabajo.
