El desplazamiento forzado en Chihuahua: La crónica de una omisión institucional
Por Vicente Aceves Franco
Las cifras y los eufemismos burocráticos vuelven a desangrar la realidad de la Sierra Tarahumara.
Cuarenta personas familias enteras, infancias, comunidades enteras despojadas de su raíz”arribaron” a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.
El verbo es una burla macabra.
Nadie “arriba” por placer o turismo invernal tras huir del fuego cruzado; se huye, se escapa, se sobrevive a tropezones con lo poco que cabe en las manos.
La respuesta estatal, celebrada casi con triunfalismo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), reduce una tragedia humanitaria a una postal de asistencia caritativa, despensas de emergencia.
¿Desde cuándo una bolsa de frijol, atún y harina restituye el derecho a la tierra, a la paz y a la seguridad humana?
Las instituciones se agazapan tras la entrega paternalista de víveres como si con ello borraran la impunidad, el control del crimen organizado y la nula presencia del Estado en los rincones más profundos del territorio chihuahuense.
Radiografía de un abandono sistemático
El desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara no es un accidente geográfico ni un fenómeno meteorológico imprevisible.
Es el resultado crudo y sangriento de la omisión sistemática.
La falacia de la “atención integral” Ofrecer asistencia alimentaria inmediata es un paliativo indispensable, pero gubernamentalmente tramposo.
Es la tirita en una hemorragia arterial. ¿Dónde está la garantía de retorno seguro? ¿Dónde la persecución implacable de los grupos armados que despojan a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales?
Que 40 personas abandonen su comunidad de la noche a la mañana confirma que la violencia se ha convertido en la ley no escrita que administra la vida y la muerte en el sur del estado.
Mientras las dependencias presuman en boletines oficiales la entrega de despensas, la sierra seguirá vaciándose de su gente y llenándose de fantasmas.
Las familias de Tarahumares no necesitan la limosna institucional de una despensa que se acaba en dos semanas; exigen el derecho elemental a no tener que huir de su propia casa para conservar la vida.
El Estado no asiste a las víctimas administra los daños colaterales de su propio fracaso.
