Corrupción y violencia: una nociva relación…por Aída Holguín
FRASEARIO-
En su mensaje inaugural del XLV Congreso Nacional de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, expuso que el problema de inseguridad que existe en la entidad es -en gran medida- producto de la corrupción política.
Lo expuesto por Javier Corral coincide con lo dicho, hace una década, por defensora de los derechos humanos, Rigoberta Menchú Tum. Desde aquel tiempo, al hablar sobre el tema de seguridad, la ganadora del Premio Nobel de la Paz ya advertía que “el crimen organizado, junto con la corrupción y el narcotráfico, ha constituido una fuerza que no es paralela al Estado. Es realmente un Estado dentro de él”.
Es en ese contexto, es posible comprender por qué el tema de combate a la corrupción es de atención prioritaria a nivel nacional. No obstante, en el caso particular de Chihuahua, esta batalla en contra de la corrupción debe ser asumida como una tarea de carácter extremadamente urgente y necesaria para lograr que, de un vez por todas, la entidad deje de ocupar los primeros lugares de prevalencia e incidencia de actos de corrupción (un vergonzante lugar al que nos llevó el gobierno de César Horacio Duarte Jáquez).
Sin duda alguna, de un tiempo a la fecha, en Chihuahua se han agravado las dos problemáticas que se abordan en este texto. De ahí que, en materia de corrupción y violencia se presente un dilema aparentemente difícil de resolver: ¿Qué problema atender primero: la inseguridad o la corrupción?
Si bien es cierto que los políticos corruptos y corruptores (como es el caso de César Duarte) tienen como principal objetivo sacar un provecho económico; también es cierto que, como bien lo señaló el gobernador Corral, la corrupción no es solo un asunto relacionado exclusivamente con las finanzas. Es decir, se trata de actos provocados por un desgastado sistema político que, a falta de una verdadera depuración y transformación, fomentan -directa o indirectamente- la violencia.
Entonces, considerando que el problema de la inseguridad está directamente relacionado con los índices de impunidad, y que la impunidad se relaciona con la corrupción; queda un poco más clara la nocividad de estas relaciones. De ese modo, también queda claro por qué para el gobierno de Javier Corral es importante que Chihuahua cuente con el Sistema Estatal Anticorrupción más sólido y robusto del país.
En ese sentido, es importante recordar que, de acuerdo con el segundo artículo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el martes 18 de julio quedó como fecha límite para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidieran las leyes y realizaran las adecuaciones normativas correspondientes.
Al analizar y reflexionar sobre todo lo expuesto en los párrafos anteriores, es “difícil” entender por qué el Congreso del Estado estuvo retrasando la votación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Con esto, el Legislativo local ha contribuido a que el Sistema Nacional Anticorrupción comience sus operaciones con más inconsistencias de las que ya estaban previstas (sin fiscal y sin magistrados, por la falta de consenso en el Senado de la República).
Finalizo en esta ocasión con lo dicho alguna vez por el ingeniero, escritor y poeta colombiano, Jorge González Moore “La corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos, y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales”.
Aída María Holguín Baeza
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