Modalidad 40: Entre la sostenibilidad financiera, el fortalecimiento del Bienestar y el retiro justo.
El reciente acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de octubre, marca un punto de inflexión decisivo en la regulación del régimen de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, popularmente conocido como Modalidad 40.
La entrada en vigor de sus nuevas disposiciones operativas no representa la eliminación de este esquema, pero sí redefine las reglas del juego mediante ajustes que buscan equilibrar la viabilidad actuarial de la seguridad social con los compromisos de justicia presupuestal del Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante décadas, la Modalidad 40 ha funcionado como un mecanismo legítimo para que los trabajadores sin patrón formal mantengan la acumulación de semanas e incrementen su Salario Base de Cotización.
Sin embargo, la presión financiera derivada de los techos máximos de pensión bajo la Ley de 1973 motivó esta intervención.
La nueva normativa acota los incrementos salariales desproporcionados e impide los pagos retroactivos masivos, alineándose con la política de ordenamiento presupuestario del Gobierno Federal.
Paralelamente, la administración federal ha impulsado mecanismos complementarios orientados a corregir las inequidades heredadas del modelo privatizador de pensiones.
A través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, consolidado y respaldado en la presente gestión, el Estado mexicano busca garantizar una tasa de reemplazo digna de hasta el 100% para los trabajadores de ingresos medios cotizantes de las Leyes de 1997 (IMSS) y 2007 (ISSSTE), estableciendo un piso de protección social sin precedentes.
En este contexto, las modificaciones a la Modalidad 40 responden al objetivo de evitar simulaciones y asegurar que los recursos públicos se canalicen con equidad.
No obstante, el reto de la seguridad social radica en armonizar estos controles con los derechos de quienes planearon su retiro invirtiendo el esfuerzo de toda una vida.
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas del IMSS no debe entrar en contradicción con la certeza jurídica de la clase trabajadora.
La consolidación del modelo de bienestar exige que las decisiones administrativas y regulatorias mantengan canales de certidumbre para que el retiro de las y los mexicanos continúe siendo la justa recompensa a una vida de trabajo.
