Las carreteras del chantaje: Intermediarios, cúpulas y el uso del campo como trinchera
El campo mexicano y las arterias del transporte nacional representan hoy otro de los escenarios donde la resistencia al cambio se manifiesta con mayor fuerza.
Durante décadas, el desarrollo rural y el traslado de mercancías no se gestionaron en función de la soberanía alimentaria ni del bienestar de los verdaderos trabajadores de la tierra y del volante, sino a través de un modelo corporativo de intermediación y control político.
Bajo este esquema, cúpulas agrícolas y supuestos “líderes” campesinos actuaron como aduanas del presupuesto público.
Eran ellos quienes acaparaban los subsidios, las exenciones fiscales y los programas de apoyo, repartiendo migajas a las bases mientras consolidaban fortunas privadas y estructuras de presión electoral.
Del mismo modo, en el sector del transporte, grandes intermediarios e intereses corporativos dictaron las reglas del juego a expensas de la seguridad y las condiciones reales de los operadores.
Hoy que las políticas de bienestar buscan entregar los apoyos de manera directa y sin intermediarios, eliminando las comisiones y los giros opacos que enriquecieron a unos cuantos, la reacción de estas estructuras ha sido virulenta.
Los cierres de autopistas, la paralización de carreteras estratégicas y la toma de casetas NO responden a un movimiento espontáneo de defensa del campo.
Se trata de una estrategia de presión orquestada por liderazgos acorralados que instrumentalizan las carencias y demandas históricas de los pequeños productores para usarlas como escudo humano.
Detrás de las consignas campesinas y las protestas de transporte no hay un reclamo genuino de justicia social, sino la abierta resistencia de una oligarquía intermediaria que se niega a perder su capacidad de chantaje presupuestal.
Paralizar la conectividad del país para exigir la restitución de privilegios opacos no es un ejercicio de protesta legítima;es el intento de tomar como rehenes a las vías de comunicación para obligar al Estado a ceder el control de la riqueza nacional.
